Durante las últimas semanas, Estado Unidos ha designado al Tren de Aragua como una organización terrorista y ha señalado a los migrantes venezolanos como invasores. Para apuntalar esta narrativa, Trump ha desempolvado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma concebida para tiempos de guerra. Bajo este marco, decenas de venezolanos han sido deportados a cárceles en El Salvador.
Marco Rubio, actual secretario de Estado, ha sido el principal arquitecto de esta operación simbólica, que convirtió a una pandilla delictiva en una Organización Terrorista Extranjera (FTO), categoría reservada históricamente para grupos como el Estado Islámico o Al Qaeda. La aplicación de esta ley, en ausencia de un conflicto armado, evidencia que se utiliza con otros fines.

¿PRESIÓN?

Además, se ha presentado al Tren de Aragua como una herramienta del gobierno venezolano para “desestabilizar” a Estados Unidos. No obstante, The New York Times ha reportado que la CIA y otros servicios de inteligencia han concluido que ese grupo delictivo no guarda relación con el Estado venezolano.

 
La pregunta que cabe plantearse es si estas acciones forman parte de una estrategia de presión orientada a una negociación o, por el contrario, si se están preparando las condiciones para operaciones encubiertas. ¿O acaso una intervención más abierta?.

NARRATIVA

Cuando un Gobierno empieza a mezclar medias verdades (el crimen organizado existe, pero no es una herramienta del Estado venezolano) y a etiquetar a migrantes como "enemigos", se están estableciendo los ingredientes clásicos de una narrativa de guerra. No se trata de políticas migratorias o de seguridad nacional: se trata de construir un relato que legitime, e incluso normalice, la amenaza de una intervención futura.

Claro, nadie niega que algunos, poquísimos, migrantes venezolanos puedan tener antecedentes delictivos, Pero de ahí a convertir el Tren de Aragua en una especie de “Al Qaeda bolivariana”, como insinúan algunos en Washington, hay un salto que evidencia una maniobra.

Este modus operandi no es nuevo. En Irak, Estados Unidos invocó la existencia de armas de destrucción masiva que nunca aparecieron; en Libia, la protección de civiles justificó una guerra de cambio de régimen. Hoy, el "terrorismo criminal transnacional" es el nuevo pretexto.

 
No se necesita presentar evidencias concluyentes, sino que basta con repetir las acusaciones hasta que parezcan de sentido común. Una operación de este tipo no necesita fabricar mentiras completas; solo necesita exagerar verdades a medias, reinterpretarlas y ponerlas en un marco de amenaza existencial.

 

“DELIBERADAMENTE”

En una reciente entrevista con Donald Trump Jr., Marco Rubio afirmó que Venezuela está “deliberadamente usando al Tren de Aragua” para desestabilizar a Estados Unidos, y comparó la situación con el episodio del Mariel en los años 80. Es un discurso impactante que fusiona crimen, migración, comunismo y terrorismo en una sola imagen.

 
Este tipo de mensaje no es casual. Encaja con las estrategias que se valen de información distorsionada o incompleta para moldear percepciones y preparar el terreno para decisiones políticas o acciones militares.

AGENDA

Desde la perspectiva de la narrativa de Marco Rubio, la cuestión no es si en Venezuela hay problemas o no, que los hay, sino si estamos ante una agenda que apunta a una intervención. Trump y Rubio han sentado las bases discursivas para presentar al país como una amenaza directa inmediata, no como un país con problemas internos.

 
En los discursos oficiales de Washington, Venezuela es “una “fábrica de migrantes pandilleros”, un “enemigo extranjero”. La revocación de las licencias petroleras, la imposición de aranceles a los países que compren petróleo o gas venezolano, el armamentismo de Guyana, conducen hacia un escenario de bloqueo cuasi militar, donde el diálogo es reemplazado por la fuerza.

CASUS BELLI

El término casus belli no es simplemente u concepto jurídico, sino que se refiere a una excusa creada para convertir una agresión en defensa. Fabricar un casus belli implica exagerar un incidente menor o presentar una situación elevándola a la categoría de amenaza existencial. En este caso, si no hay armas de destrucción masiva, hay pandillas.

Por lo general, todo casus belli va acompañado de un ultimátum. Pero en el mundo actual no siempre se presenta como una amenaza de vida o muerte, sino como una propuesta de diálogo. Se plantea como una oferta razonable. La parte fuerte pone exigencias y la parte débil debe aceptarlas.

Es probable Washington presente un ultimátum en los términos ya avanzados por Marco Rubio: celebrar nuevas elecciones. A primera vista, suena como un llamado democrático. Pero en el contexto de la narrativa de terrorismo y crimen organizado, este ultimátum opera de forma distinta. No se trata de una propuesta para resolver la crisis migratoria ni de una negociación entre partes: es una exigencia sobre política interna, formulada desde el exterior. Si es rechazada, la negativa podría presentarse como la "prueba" de complicidad con el crimen organizado.

El asunto es que, incluso, si el Gobierno aceptara el ultimátum, Estados Unidos podría escalar sus exigencias de condiciones electorales y supervisión internacional, lo que perpetuaría las tensiones. Así, el ultimátum, más allá de la respuesta que reciba, cumpliría su función estratégica de construir legitimidad para una eventual acción de fuerza.