El derrocamiento de Rómulo Gallegos en 1948 dio paso a gobiernos militares que desembocaron en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez entre 1953 y 1958, y justamente fue el ejercicio del voto, en un marco de absoluto ventajismo y represión en las elecciones para la Asamblea Constituyente del 30 de noviembre de 1952 en las cuales las planchas de URD de Jóvito Villalba y Copei de Rafael Caldera, que obligó a Pérez Jiménez a instaurar definitivamente su régimen de fuerza. Si bien es cierto que para esa consulta la dirigencia de AD en el exilio propuso la abstención, finalmente el llamado no fue atendido por las bases del partido que sufragaron en su mayoría por la tarjeta amarilla del partido de Villalba, un líder que había enfrentado abiertamente los gobiernos de Rómulo Betancourt y el breve mandato de Rómulo Gallegos. En 1957 ante la posibilidad de que la dictadura llamara a elecciones de acuerdo a su propia constitución espuria, AD en el exilio y la dirigencia clandestina en el país se pronunciaron para participar con el voto en una elección en la cual resultaba absolutamente utópica la posibilidad de una victoria, y el mismo Betancourt desde Costa Rica alentó la escogencia de la candidatura de Rafael Caldera como una fórmula unitaria de quien, como se sabe, era el otro líder antagonista en la confrontación partidista de la época.

La caída de la dictadura el 23 de enero de 1958 abrió un proceso de cambio de las instituciones y la vigencia del “civilismo” frente a la amenaza latente del “militarismo”. Ese año del regreso al pleno juego democrático, Rómulo Betancourt fue electo presidente levantando entonces una consigna creada por el dirigente Jorge Dager que estimuló a la militancia adeca ante el temor de una regresión militarista: “Contra el miedo, vota blanco”. AD conoció luego divisiones y desprendimiento, pero a lo largo de los cuarenta años de la experiencia democrática, Betancourt Raúl Leoni, Jaime Lusinchi y Carlos Andrés Pérez (dos veces), ejercieron la Presidencia de la República con sus respectivos mandatos legislativos apuntalados en el consabido “voto blanco”.

En los últimos 20 años AD ha suscrito como partido las propuestas unitarias del resto de la oposición, en plataformas como la Coordinadora Democrática y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en elecciones con las candidaturas de Francisco Arias Cárdenas (2000), Manuel Rosales (2006) y Henrique Capriles Radonski (2012 y 2013). Si bien es cierto que en las elecciones legislativas del año 2005 su secretario general Henry Ramos Allup estimuló la abstención, alegando un cuadro fraudulento con el uso por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de las llamadas “capta huellas”, ello quedó atrás con la presentación de candidatos unitarios en las posteriores consultas para la Asamblea Nacional, las gobernaciones (y Consejos Regionales), las alcaldías (y Concejos Municipales). A partir de la victoria de Nicolás Maduro en 2013, en el seno de la MUD se confrontó la propuesta de “La Salida”, encabezada por Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado y el planteamiento de la oposición convencional en la que sin duda ejercía su mayor influencia el partido blanco.

En diciembre de 2015 la arrolladora victoria opositora para la Asamblea Nacional -que por cierto fue presidida por acuerdo de todas las fuerzas por el propio Ramos Allup-, estimuló el planteamiento más radical de la alianza opositora en el sentido de que debían agotarse todas las instancias (referéndum revocatorio, constituyente y elecciones generales) y según el propio dirigente de AD, un categórico plazo de “seis meses” para que Maduro abandonara el poder. En esa polarización se generó un nuevo clima de violencia con protestas en las calles, detenciones, violación de los derechos humanos, gestión ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para la aplicación de la Carta Interamericana Democrática y una mayor asistencia de los factores internacionales mediante intentos de diálogos frustrados para la convocatoria a elecciones debidamente consensuadas, lo cual tampoco se tradujo en resultados concretos.

El gobierno de Nicolás Maduro, emplazado a facilitar el referéndum revocatorio sacó la carta de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que fue considerada ilegítima por los términos de su convocatoria por la MUD y factores aliados internacionales; pero pese a ello la consulta se realizó y la ANC se instaló y promovió la convocatoria a elecciones de gobernadores, para las cuales la dirigencia opositora presentó candidatos asumiendo de esta manera que pese a la ilegitimidad del nuevo órgano legislativo, existían condiciones para participar en la renovación de los poderes regionales. Los resultados en algunas zonas fueron cuestionados por ventajismo y fraude, pero determinaron la victoria de candidatos de la oposición en Zulia, Táchira, Mérida, Anzoátegui y Nueva Esparta. La dirigencia opositora rechazó que los gobernantes electos se juramentaran ante la ANC, lo cual fue acatado por el ganador de la votación zuliana, Juan Pablo Guanipa; mientras que los gobernadores del Táchira, Laidy Gómez; Mérida, Ramón Guevara; Anzoátegui, Antonio Barreto Sira y Nueva Esparta, Alfredo Díaz, si bien sancionados por la dirigencias adeca encabezan ahora las gestiones como gobernantes de sus estados y ratifican también su militancia en las filas de Acción Democrática.

En ese cuadro resultaba obvio que para la reelección temprana de Nicolás Maduro el 20 de mayo de 2018 cobrara fuerza nuevamente el tema de la abstención, aunque en este caso un sector crítico encabezado por dirigentes de la talla de Eduardo Fernández, Claudio Fermín, Felipe Mujica y Henri Falcón apostaran al voto marcando de esta manera un deslinde que ahora se hace presente ante la inminente convocatoria a elecciones parlamentarias. Luego de un año del anuncio de la “Operación Libertad” encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que ha tenido indudable impacto internacional pero que en el plano interno sus resultados han estado por debajo de las expectativas, se replantea la necesidad de reexaminar el camino a emprender en la tarea cada vez más urgente de propiciar un cambio de gobierno y abrir cauce a la reconstrucción nacional. Justamente en la jornada convocada por Guaidó el martes 10 de marzo y al calor de los gritos y consignas, Henry Ramos Allup dijo que tales manifestaciones debían estar encaminadas a la activación opositora para los próximos eventos electorales, lo cual guardaba relación con el nombramiento el día anterior por representantes de las dos asambleas nacionales, del Comité de Postulaciones Electorales para la designación de los nuevos miembros de un Consejo Nacional Electoral que de alguna manera contribuiría a despejar las dudas ya conocidas sobre la neutralidad y transparencia del órgano electoral. Como era lógico, la declaración de Ramos Allup (reconocido como un dirigente polémico y pugnaz) ha estimulado una nueva discusión en las filas de organizaciones opositoras que ya no suscriben una propuesta unitaria, sino que ahora apuestan a la presencia en las calles de la fuerza de sus principales dirigentes. Todo parece indicar que de nuevo en un contexto totalmente distinto se abre espacio para el histórico “voto blanco” contra el miedo.