Advenida la democracia como consecuencia de las luchas populares y el protagonismo estudiantil en las jornadas que dieron al traste con diez años de dictadura militar, la naciente democracia va a estar sometida a la amenaza de una insurrección armada que direccionada, avituallada y animada desde la cuba comunista de Fidel Castro, pretenderá imponer en el país un régimen similar al que padece el pueblo antillano.
Desde todos los tiempos, la universidad Venezolana y sobre todo la Universidad Central de Venezuela, fue centro de reflexión crítica y de rebeldía, altamente cuestionadora del caudillismo, el personalismo y el militarismo predominante durante buena parte de nuestra evolución republicana, y en su recinto se expresaron con claridad el repudio a todas esas formas de despotismo político. Guzmán Blanco, Joaquín Crespo, Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, tuvieron en la juventud universitaria sus mayores antagonistas. En diciembre de 1.958, el presidente Provisional de Venezuela y viejo docente ucevista doctor Edgar Sanabria, promulga el denominado Estatuto Universitario, que consagra definitivamente el concepto de autonomía universitaria, donde a la libertad de cátedra, al autogobierno, a la gestión de sus recursos, se consagra la llamada autonomía territorial que involucra la inviolabilidad del recinto universitario, como mecanismo de resguardar a la universidad de presiones, amenazas o interferencias que puedan afectar sus elevados fines.

 
Desatada con todo fragor la lucha armada insurreccional a comienzos de la década de los años 60, la universidad central junto a los demás centros de educación pública superior, pasará a transformarse en escenario para el enfrentamiento político e ideológico entre defensores y detractores del sistema, pero también, y dado el control que las fuerzas de izquierdas comprometidas con la lucha armada ejercen sobre el estudiantado, en refugio y centro de acción de las actividades insurreccionales, razón por la cual se va a colocar en la mira de los gobiernos de turno. La madrugada del 15 de diciembre de 1.966 el gobierno del Presidente Raúl Leoni, ordena el primer allanamiento del recinto universitario, en una operación militar que se salda con la detención de numerosos estudiantes que dormían en las residencias universitarias ubicadas en los edificios cercanos al acceso por Plaza Venezuela, una de las cuales había sido bautizada con el simbólico nombre de “stalingrado”. El rector Francisco De Venanzi y las demás autoridades de la casa de estudio junto a la comunidad universitaria protestan la agresión denunciando la violación del recinto universitario y con ello de uno de los atributos más preciados de su autonomía. Este primer allanamiento de la era democrática se cumplirá durante un lapso de dos meses, al cabo de los cuales se restablece la normalidad académica.

El segundo atropello a la autonomía universitaria, se va a producir con el allanamiento y la intervención de la UCV practicada durante el primer gobierno del doctor Rafael Caldera, y materializada la noche del 31 de octubre de 1.969 mediante el ingreso a la universidad de fuerzas militares que bajo la denominación de “operación Kanguro” ocuparon sus instalaciones, e incluso negaron a las autoridades encabezadas por el rector Jesús María Bianco el ingreso al campus.

El 25 de octubre de 1.970 de nuevo el gobierno del doctor Caldera, profesor emérito de esa casa de estudios, procedió al allanamiento del recinto universitario, esta vez para confrontar el proceso de renovación universitaria que se había iniciado en medio de grandes controversias y enfrentamientos entre distintas fracciones políticas que hacían vida dentro de la UCV. Esta última intervención culminó con la destitución de las autoridades legítimas, y la designación por parte del Consejo Nacional de Universidades – organismo creado por la nueva ley de universidades - que procedió a imponer un nuevo equipo rectoral, violentando el principio de autogobierno implícito en su autonomía.
Allanamientos, intervenciones, cierres, agresiones, imposiciones y hostigamiento presupuestario y financiero, han sido los instrumentos que los gobiernos de todo pelaje, han utilizado a lo largo de la historia para tratar de acallar la voz crítica de la comunidad universitaria, tratando de mediatizar el principio de autonomía indisolublemente vinculado a sus fines académicos y a su dignidad.