En la tarde, después del almuerzo, solo hay una persona raspando coca en toda la finca. Llegó apenas hace 20 días a esta zona, El Zulia, a dos horas y media de Tibú (Norte de Santander), en la frontera de Colombia con Venezuela. Antes había trabajado de raspachín —como llaman a quienes sacan las hojas a la planta de coca—, más al norte, cerca de la Serranía del Perijá, a un día de camino en carro. “Pero se dificultó el trabajo, no había entrada de dinero”, dice el hombre. Quizá, si la visita a esta finca hubiera sido seis meses antes, el escenario sería otro. Habría entre diez y 12 obreros trabajándole a la coca y la planta estaría mejor, más frondosa. Pero en Tibú, el municipio de Colombia con más cultivos de coca plantados, con 19.333 hectáreas, a los campesinos ya no les están comprando la pasta, el insumo que usan los narcotraficantes para convertirlo en cocaína.

“Nosotros vivimos de ser cultivadores de coca y hemos tenido dificultad, todo se puso muy caro”, cuenta Diomedes Quiroga, quien supervisa esta finca, la de su hermana, de unas ocho hectáreas de extensión. “Hemos dejado de cultivar la coca un poco por la misma situación y ahora el que tiene tierrita también siembra palmita y ha vuelto a agarrar ritmo la yuca otra vez”. En esta finca, por ejemplo, antes de llegar a las plantaciones de coca, que están lo más alejadas posible de la carretera, se ve algo de cacao y algo de palma.

Nadie tiene muy claro por qué dejaron de comprar la pasta de coca. “Uno se hace muchas preguntas, pero no hay conclusiones. Por acá se habla de Otoniel (líder del Clan del Golfo): que desde que cayó ese hombre entregó todo cuando lo mandaron a Estados Unidos”, explica Quiroga. Otros, en cambio, creen que fue por una serie de operativos que hizo Venezuela en la frontera, destruyendo las rutas de transporte. Unos más, incluso, sospechan que la “paz total” del Gobierno de Gustavo Petro caló tan profundo que el negocio entró en una pausa. Y hay otro rumor: que la guerrilla del ELN dio la orden de parar la siembra de coca y no comprar más pasta. Pero no hay nadie con quien confirmar.

Aunque en la región se dice que esta falta de compradores es inédita por su magnitud, para Daniel Rico, director de C-Análisis y experto en política de drogas, es importante recordar que se trata de un fenómeno multicausal que, además, podría estar relacionado con inventarios de cocaína que están represados en los niveles intermedios de la ruta, como en México, Honduras y El Salvador. “En el negocio del narcotráfico, desde que la cocaína se produce hasta que se vende, pueden pasar dos años”.

Sobre lo que sí hay certeza es que el freno a la economía de la coca, la más potente del municipio, ha desatado una especie de recesión en Tibú. Los cultivadores tienen los kilos de pasta escondidos o en bolsas de plástico en sus casas, esperando a que un comprador les pregunte por ellas. “Acá la coca representa el 100% de la economía en el casco urbano y, si se toman en cuenta los tres corregimientos que tiene Tibú, es el 40%”, asegura Nelson Leal López, alcalde de Tibú desde agosto de este año. “De ahí viene mucha de la plata para la compra de víveres, de medicinas, el dinero que circula”.

A los campesinos cultivadores les suelen comprar el kilo de pasta de coca a 2.750.000 pesos colombianos (600 dólares). Hoy los tienen arrumados, quietos. Un cultivador muestra los tres kilos de pasta de coca que tiene guardados hace tres meses en su casa. Equivalen a 8.250.000 pesos (1.800 dólares) que no ha podido usar ni para pagarle a los obreros, ni para comprar el abono para la coca, ni para conseguir los insumos, como la gasolina, el amonio y la cal que se necesita para convertir la coca en pasta de coca. Tampoco para hacer su mercado.

Otro campesino tiene un kilo que no ha podido vender enterrado por seguridad desde hace cuatro meses. “Ya tengo dos raspas y estoy por hacer la otra, pero no hay materiales. Entonces será mejor perder el cultivo”.



De ahí para abajo, la plata en Tibú dejó de fluir. Antes los raspadores de coca recibían su pago casi sagradamente cada fin de semana: 1.000 pesos por kilo y algunos lograban hacerse hasta 100 kilos al día, es decir, 100.000 pesos por jornada. Hoy tienen que esperar a que los patrones tengan plata o incluso que les paguen con pedazos de la misma pasta de coca. Por eso, muchos raspachines han preferido irse a trabajar a las fincas que cultivan palma o a las minas de carbón, así lo que se gane por día sea un poco menos.

César Ruiz, presidente de la junta de la vereda Campo Raya, sector kilómetro 25 vía a La Gabarra, a una hora y media del casco urbano de Tibú, describe el mismo panorama. “La situación es preocupante porque ha dejado de fluir el negocio de la compra del producto de la coca”, asegura. “Acá semanalmente bajan un carro con comida, pero ¿quién compra? Igual por eso estamos con mucha expectativa con lo que ha dicho el nuevo Gobierno”.

La narrativa entre cultivadores y campesinos de Tibú es muy similar: el Gobierno que salió, el de Iván Duque, no cumplió con el Acuerdo de Paz que se firmó con las extintas guerrillas de las FARC en La Habana, Cuba, en el 2016. Sobre todo en dos puntos: la reforma rural integral y la solución al problema de las drogas ilícitas. “Con Duque hubo un retraso total. Nunca implementó los temas de sustitución de cultivos ilícitos y acá siempre hemos tenido la voluntad de hacerlo”, dice Teoniro Vargas, parte de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y presidente del Movimiento Campesino de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) del municipio El Zulio.

Incluso, Vargas se pregunta cuál sería la situación actual si esos procesos hubiesen avanzado, ya que no dependerían únicamente de la coca. “Queremos cambiar los cultivos y acogernos al programa de sustitución porque con esto no tenemos garantías. El precio de la región es muy bajito y a parte estamos trabajando a pérdidas”, explica. Junto a Coccam, hicieron un cálculo para estimar cuánto se gastan produciendo un kilo de pasta de coca, incluyendo sus horas de trabajo, el transporte de materiales y el pago a las cocineras. “Invertimos en total 3.112.000 pesos, cuando nos pagan 2.750.000, entonces hay una diferencia de casi 400.000 pesos en pérdidas”.

Que la coca, quizá por primera vez, sea menos rentable que otros cultivos en Tibú podría ser también una oportunidad. “Es el momento ideal para que nosotros podamos llegarle al campesino a cambiar su mentalidad”, dice el alcalde Leal. Pero, de nuevo, no hay certeza de hasta cuándo durará este panorama. “Que haya menos ingresos por coca sí hace que la gente sea más propensa a buscar otros ingresos. Sin embargo, es una oportunidad con límites, porque la caída de precios y de la demanda es transitoria”, asegura Rico. No se sabe qué tan grande es esta ventana de oportunidad para el nuevo Gobierno.

El presidente Petro ha enfocado gran parte de su discurso a una nueva política de drogas. Ha hablado de acabar con la fumigación aérea contra cultivos de uso ilícito, de suspender la erradicación forzosa y de fortalecer el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Pero en Tibú hay un aire de incertidumbre sobre los últimos pronunciamientos que hizo Petro tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

“La erradicación forzosa será en cultivos que llamamos aquí industriales. Grandes extensiones de terrenos con cultivos de hoja de coca que no pertenecen al campesinado. Que se ven sobre todo en áreas de Tumaco y en áreas ahora de Tibú, en el Norte de Santander, porque allá se desplazó la mayor parte de producción de coca”, dijo el presidente durante una rueda de prensa.

Sus palabras generaron dudas en la región. “De ese encuentro sentimos que no hay claridad, sino mucha confusión”, dice Ruiz en el kilómetro 25, camino a La Gabarra. “El tema es que la erradicación forzosa supuestamente seguiría atacando a las grandes extensiones, a los narcos que lo hacen por negocio. Pero, ¿cómo será eso? Nos puede traer dificultades porque acá el que tiene el poder y dominio manda, y nos preocupa que a la hora de erradicar no distinguen si es un cultivo grande o pequeño, y entren sin más”. Igualmente, señala, prefiere no alarmarse aún. Esperan poder aclarar las dudas durante el Tercer Encuentro Cocalero que se realizará en Tibú, el 28 y el 29 de octubre, por parte de Ascamcat y Coccam y al que también asistirá una delegación del Gobierno.

En ese momento, desde la puerta de la casa de César Ruiz se ve pasar un helicóptero militar. “¿Y eso?”, pregunta alguien. “Van pa’ Caño Indio, a unos 40 minutos de acá. Nos han dicho las comunidades que están intentando hacer erradicación forzada, pero los campesinos los tienen parados”, es la respuesta que le dan. Lo que pase en Tibú y, en general, en todo Norte de Santander donde hay 40.083 hectáreas de coca sembrada, no será solo el primer pulso de la nueva política de drogas, sino del control de un territorio que siempre se ha mantenido en disputa.