Concebimos ese Estado como formador, educador y un gran hacedor y creador de ciudad, de espacios públicos, de armonía con sus ciudadanos.

Decidimos comenzar con el Poder Judicial. El poder público que administra la constitucionalidad y legalidad del Estado. Es decir, premia y castiga, con el conjunto de normas que la sociedad establece para conducirse, sus límites de actuación (Orden Social). Este poder público del sistema político venezolano, que tiene como norte la paz social, lo vamos a desdoblar desde sus vertientes: humana y normativa. Entendiendo que la una depende de la otra.
Para reflejar la parte humana traigo a colación una expresión de mi padre, Dr. Luis Beltrán Salazar González, el hombre no imparte justicia, “justicia la imparte Dios”, el hombre administra la legalidad. Porque en definitiva en un sistema compuesto por seres humanos, que se equivocan, son erráticos..., debe hacer todo lo posible para que los valores y principios democráticos y la ética personal y profesional sean lo suficientemente sólidos, como para defenderlos. Es este sentido sentenciaba, mi padre: ¡no importa quien los proponga si luego hacen lo que deben hacer!

La importancia de esta talla ética y moral guarda relación con que al manejarse en un marco normativo, que cuando lo tuercen, lo manipulan y colocan a su servicio, le hacen un gran daño a la sociedad. De allí cobra importancia la sociedad, una sociedad vigilante, que esté presente para que no ocurran los desvíos o se minimicen.

Por ello, que nuestro sistema judicial, de democracia representativa en cohabitación con la participativa, abre en su Capítulo III, del Poder Judicial y del Sistema de Justicia, en el cual programa que la potestad de impartir justicia emana de los ciudadanos, se imparte en nombre de la república y por autoridad de la ley (art. 253 CRBV). Pero vemos que esa justicia que debe emanar de los ciudadanos esta desdibujada, absolutamente, en la práctica judicial. Los ciudadanos no pintan, por ninguna parte. Ni son consultados para la aprobación legislativa, menos para la designación de Jueces. Incluso se ha establecido una discrecionalidad administrativa que impiden el acceso a la información, que es un derecho constitucional, a los juicios, a las actas, hasta a los documentos públicos. Lo cual hace que cada día se ausente la ciudadanía del sistema judicial.

Los abogados que formamos parte de ese sistema como auxiliares de justicia, hemos pasado a ser unos estorbos, que deben salir del ruedo para dar paso a que sean los funcionarios los que le digan a la gente lo que hay que hacer y como deben hacerlo. En la idea errada de una prédica socialista de control del Estado, de que la gente debe estar en manos de las instituciones, única y exclusivamente. La ley y el respeto por la gente en segundo plano. Fortaleciendo un aforismo terrible, para el sistema mismo: para mis amigos todo, para mis enemigos la ley.

Se habla de un Poder Judicial independiente con autonomía funcional y financiera, pero eso no termina siendo así, porque la intervención del Poder Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial ha quedado al desnudo con los informes de los Derechos Humanos, que todos conocemos. Con esto quiero dejar claro que el funcionamiento del Poder Judicial difiere diametralmente de los postulados constitucionales y legales, pero eso no es ahora, desde años ha: el orden legal difiere de lo que efectivamente se hace. Es una tarea pendiente desde tiempos de la COPRE.

El sistema judicial ha pasado a ser una telaraña de manejos oscuros, que aleja a la ciudadanía. Todo es una puesta en escena donde las normas están allí, pero no se aplican, tras bastidores sucede lo inimaginable. Por estas razones el Poder Judicial en un estado que se apellide ciudadano, debe garantizar el ejercicio de la participación ciudadana. En este sentido, no sólo elegir los Jueces sino evaluarlos y escrutarlos públicamente, para que atiendan al espíritu y propósito de la ley y a ese sentir ciudadano que se anida en Estado.

El Juez, como los demás funcionarios del sistema de justicia, deben ser un ejemplo, un referente moral que les recuerde a la gente que hay alguien que colocará las cosas en su lugar y que sus desviaciones no tendrán buen fin. Que les genere miedo cuando piensen en torcer la ley.

El Poder Judicial constituye el pilar moral ejemplarizante de la sociedad. Por lo tanto, en un Estado Ciudadano los más aptos, los más honorables, los más capaces serán los que administren justicia.