Por costumbre y conveniencias, el pueblo venezolano pecó al someterse durante casi 100 años a ser protagonista en un país con gobiernos poseedores de una gran piñata cargada de dinero, producto de la enorme reserva proveniente de los hidrocarburos como de recursos naturales, y valiéndose de la ventaja de ser un país en el que hasta los limosneros podían ahorrar. De igual manera, de una Sociedad Civil -o pueblo- que se acostumbró a no velar ni a inmiscuirse en la administración pública, y a dejar eso en manos exclusivas de los que la población en general calificaba despectivamente "los políticos".

¿Conclusión?. Que tales ciudadanos o hijos del país, por conveniencia, poder y acceso a los negocios públicos, no han querido aceptar la inconveniencia de un Estado empresario, porque para ellos ha resultado ser más funcional la posibilidad de tener acceso a los cargos administrativos y negocios dentro de esas empresas, aunque sin permitirle al emprendimiento privado su desenvolvimiento autónomo, como de la posibilidad de gozar de independencia. Y, asimismo, convertirse en un activador del robusto desarrollo del emprendimiento ciudadano -o empresa privada- a la vez que mantenían a los empresarios en una expresión minimizada o de excluidos en la participación de los grandes emprendimientos industriales y empresariales en general, regidas por la fuerza de la llamada estatización; es decir, Petroleras, Comunicaciones, Electricidad, entre otras, y administradas como dependientes de un ineficiente Estado empresario rico, convertido en una especie de poderoso centro generador de todo tipo de corrupción, como de malos y peores manejos administrativos.

Esta situación equivocada ha traído como consecuencia a todo tipo de vicios, además de corrupción y de peores, como de malos manejos. Hay, de hecho, un viejo refrán que retrata esta situación y que lo describe fielmente de la siguiente manera: “EL OJO DEL DUEÑO ENGORDA EL GANADO". Y los dineros públicos, al no tener dolientes, están a la buena de Dios, como al mal comportamiento de un bandidaje rector de la corrupción.

Definitivamente, el Estado, como tal, debe ser promotor y defensor de la empresa privada. Asimismo, debe funcionar como una fuerza ética y moral distinguida por la probidad de su conducción y de su desempeño, mientras funciona como una expresión capaz de propiciar un robusto desarrollo, a la vez que se mantiene siempre vigilante de una sana administración. ¿Y con qué propósito?: para que el éxito económico empresarial redunde en su desempeño, y capacidad de generar beneficios tributarios para la administración pública. Es decir, de recursos de los cuales debe depender la figura administrativa, en el entendido de que la empresa privada, en sus dueños y accionistas, tiene a los dolientes interesados en una mayor eficiencia y rentabilidad.

El Estado, en fin, , y por razones obvias, debe estar igualmente interesado en la consecución del éxito, para obtener una mayor tributación y en el efecto lógico de que, al final, semejante esfuerzo compartido redundará en beneficio de los ciudadanos, como en la calidad de sus esfuerzos y su sistema de vida.

Las consecuencias del manejo indebido e inescrupuloso de los dineros públicos, como de las empresas del Estado, sin duda alguna, se ha visto patéticamente, y con el mayor descaro, durante los últimos 23 años de la administración pública. ¿Motivos?: gran parte de su estructura administrativa se propuso, y lográndolo con indiscutible éxito, apropiarse de miles de empresas privadas, fincas y propiedades particulares, además de reservarse los grandes desarrollos, empresas e industrias del Estado, hasta llevarlas a la quiebra, cierre o deficiente funcionamiento, y con las consecuencias desastrosas para el país en general. El efecto obvio e innegable ha sido el establecimiento de una ruina voluminosa, como de un lamentable empobrecimiento crítico de sus ciudadanos. Tanto y tan grave que no es cuento el hecho de que Venezuela, como cosecha de semejante desempeño, pasó a ser el país más pobre de América Latina, luego de venir de una indiscutible riqueza proveniente de las ventajas de los negocios del crudo.

¿Y a qué se debió el hecho en su concepto y en sus consecuencias?. En que, como lo referiría cualquier efecto administrativo adverso en el desenvolvimiento de una empresa privada, un país tiene que ser conducido y administrado, pulcra y eficientemente. El primero se mide por su rendimiento y ganancias para sus respectivos propietarios. A diferencia de las empresas privadas, desafortunadamente, el éxito de los gobiernos no se mide por ganancias. Lo hacen por su eficiencia en servicios públicos, seguridad y calidad de vida ciudadana, además del sistema de salud, educación e investigación, seguridad jurídica entre otros. Todo lo cual se puede lograr únicamente contando con una sana administración, y un factor humano bien remunerado, además de calificado para ejercer las funciones correspondientes al servicio del Estado.

La eficiencia, calidad administrativa y rendimiento del Estado sólo se puede lograr cuando se entienda que, para el ejercicio de todo cargo público, se debe exigir que su ocupación debe ser desempeñada por funcionarios profesionales debidamente calificados. Especialmente, para los cargos de mayor jerarquía, porque en ellos reposa un mayor grado de responsabilidad. Muy particularmente en lo referente al cargo de Presidente del País. En Venezuela, tales funcionarios, desafortunada y generalmente, no se les elige por su anterior trayectoria, capacidad, preparación o profesionalismo, sino por sus índices de popularidad, funcionamiento de las llamadas maquinarias electorales o presunta campaña eficiente. ¿Consecuencia?: desastrosos resultados para el país.