Hay hechos críticos y existen errores significativos derivados en esa suerte de zigzagueo que ha caracterizado al gobierno; son delicados los problemas de orden público; tienen visos expectantes los reacomodos del área económica del gabinete Todo ello plantea una perspectiva muy propicia para observaciones y enfoques, pero la vecindad de la elección del Consejo Constitucional el próximo de 07 de mayo, copa la escena a pesar de que este nuevo proceso no ha despertado un entusiasmo palpable, pero la obligatoriedad del voto seguramente determinara la legitimidad del proceso.

Ya el nuevo proceso constitucional había arrancado con la elección de los expertos que han demarcar los bordes jurídicos del nuevo instrumento y como dijimos, será el 07 de mayo cuando la ciudadanía concurrirá a las urnas para elegir un Consejo Constitucional de 50 miembros, el órgano paritario que redactará una nueva propuesta de Carta Magna. Se efectuó una campaña de dos meses en la que 350 candidatos buscarán convertirse en algunos de esos 50 consejeros. Compiten cinco listas, llamando la atención que tanto los sectores de Izquierda como de Derecha van divididos. Las listas representan cinco tendencias bien definidas en la sociedad chilena, lo cual marca una diferenciación significativa. Hay una Derecha más allá de la Derecha, y antes, a la izquierda de la Concertación, existían solo grupos marginales a excepción del Partido Comunista. Hoy, allí en la izquierda se expresan dos realidades diferentes: una centroizquierda, reformista, y una más radical, donde el Partido Comunista tiene un peso importante. Aparece además un Centro populista conformado por el Partido de la Gente, fuerza política opositora liderada por Franco Parisi, quien ocupo el tercer lugar en la primera vuelta presidencial de 2021 con el 12,8%.

Si bien los 50 consejeros, 25 hombres y 25 mujeres, son quienes redactarán el nuevo texto, no partirán de cero Recibirán un anteproyecto de Constitución en el cual ha estado trabajando la Comisión de Expertos, de 24 integrantes y paritaria, nominada por los partidos políticos y ratificada por el Congreso.

Esta segunda etapa constitucional chilena se habilitó luego de un acuerdo suscrito por la mayoría de las fuerzas políticas con representación en el Parlamento, luego del fallido proceso de 2021 y 2022. Pero Chile vive hoy un contexto social muy distinto a esa época. La mayoría de las encuestas muestran el desinterés de los chilenos frente al asunto constituyente, tal como lo vemos en estudio realizado el mes de febrero por la encuestadora Pulso Ciudadano. Allí se indica que si bien el 50,8% de la población está a favor de cambiar la Constitución, un 57% ha manifestado tener poca o nada confianza en el proceso.

La llamada Convención Constitucional estuvo compuesta por 155 integrantes; el Consejo Constitucional tiene casi un tercio menos, 50 miembros. Los tiempos serán acotados: en este nuevo intento no tendrán un año de trabajo, sino apenas cinco meses, entre el 7 de junio y el 7 de noviembre, porque el 17 de diciembre se celebrará el plebiscito de salida. A este proceso, adicionalmente, se le fijaron ciertos bordes: junto con el papel de la comisión experta, se establecieron 12 bases constitucionales que no se pueden quebrantar, tal como la que pauta que Chile seguirá siendo una República y un Estado unitario,.

Pero una de las mayores diferencias es que los partidos han sido protagonistas en la conformación de las cinco listas. Hoy se disputan el electorado desde la izquierda radical a la derecha radical. No hay independientes, como fue la elección de la Convención Constitucional, donde cuatro de cada diez votantes votaron por sus listas sin saber en realidad cuál era el programa y la trayectoria del candidato por quien sufragaban.

Como se dijo, el 7 de mayo será la elección de los 50 consejeros, pero, por tratarse de la primera con voto obligatorio desde su reinstalación en 2022, se trata de una disputa donde las distintas fuerzas políticas medirán sus fuerzas, incluso dentro del oficialismo y la oposición. El bloque oficialista, Unidad para Chile, está conformado por el Frente Amplio (FA) –el conglomerado al que pertenece el presidente Gabriel Boric–, el Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista (PS).

La otra apuesta representa un híbrido de la centroizquierda, Todo por Chile. Está conformada por el Partido por la Democracia (PPD) –parte de la Administración de Boric–, por el Partido Radical y la Democracia Cristiana (que está fuera del Gobierno). Es la primera elección desde 1990 en que el PS y el PPD, aliados históricos en las elecciones, van por separado.

La oposición igualmente está dividida en dos listas. Una, de extrema derecha, la del Partido Republicano, cuyo líder es el ex candidato presidencial José Antonio Kast, quien pasó a segunda vuelta frente a Boric y obtuvo allí un 44,13%. La otra, Chile Seguro, la conforman la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evópoli y el partido del expresidente Sebastián Piñera (2018-2022), Renovación Nacional (RN). Kast ha repetido insistentemente que Chile no necesita una nueva Constitución. La quinta lista, la del Partido de la Gente (PDG), está liderada por Parisi.

La constante pugna entre las coaliciones que cohabitan en el gobierno ha ido creciendo y se muestra ya abiertamente. No solo se expresa en declaraciones, sino también en la actitud díscola con que algunos parlamentarios del gobierno votan en contra de proyectos emblemáticos promovidos por el gobierno, como los que tienen que ver con seguridad. Ello realmente no debe sorprender a nadie, porque es consecuencia del colapso de su proyecto original, dado el rechazo aplastante que sufrió el oficialismo en el plebiscito de salida efectuado el 04 de septiembre.

Sin embargo, la gran novedad, la noticia, es el nivel que está alcanzando la confrontación en la Derecha, pero para diseccionar debidamente este tema, debemos partir de una realidad histórica y cultural que es propia de Chile. Allí, como en ningún otro país latinoamericano, el corpus social se expresa con madurez política. Las décadas que parten de 1920 marcan esa característica, e incluso el interregno pinochetista, más allá de sus facetas dictatoriales, se resolvió gracias a la sapiencia y habilidad de operadores y organizaciones. La vida sindical chilena, así como el desarrollo de estamentos operativos bien calificados en todo el espacio nacional, son parte sustantiva de un andamiaje político cualificado y respetuoso de la superestructura legal.

En ese contexto, la sociedad chilena rechaza providencialismos y salidas derivadas de extremismos. Una muestra palmaria de ello es como Boric se empinó desde su derrota en la primera vuelta de la elección presidencial, para en semanas imponerse de forma contundente ante un candidato de Derecha pero con posiciones extremistas. Ese mismo electorado no se sujetó a la nueva realidad ideológica gobernante, expresión de una izquierda de línea dura, y rechazó de forma aplastante el texto respaldado por el oficialismo. Es evidente entonces que Chile, siendo un país polarizado, metaboliza esa condición a través de una permanente búsqueda de acuerdos. Esa era, precisamente, la estrategia de los partidos tradicionales de la derecha, Renovación Nacional y la UDI más Evópoli, que se ven a sí mismos como una derecha dialogante, en oposición a la “derecha cavernaria” refiriéndose, a la representada por José Antonio Kast. .

El triunfo categórico del Rechazo fue una inyección de adrenalina para los sectores más duros de la derecha, ya que vieron el resultado como una reafirmación del respaldo a su proyecto ultraconservador. Por ello, hoy José Antonio Kast está en plena campaña para darle el “sorpasso” a la Derecha tradicional y conquistar un respaldo mayoritario para los candidatos de su agrupación en la elección del 07 de mayo. Es una estrategia similar a la desarrollada por Vox en España con relación al Partido Popular.

La guerra entre las Derechas trae a la memoria cuando aún en dictadura, Jaime Guzmán decidió dividir a la derecha fundando la UDI y para ello llegó a utilizar la violencia y las tomas de las sedes partidarias. Guzmán consideraba necesaria la existencia de un partido que defendiera, sin ambigüedad ni sentido de culpa, el legado de la dictadura y de Augusto Pinochet, y esa fue la bandera principal de la UDI durante la mayor parte de la Transición.

El Partido Republicano forma parte de un movimiento mundial que lucha abierta e intransigentemente contra los consensos equilibrados y transversales de las mayorías políticas. Sin ambages, pregona su condición de Derecha ultraconservadora, la cual hay que distinguir de la Ultraderecha, ya que ésta rechaza las formas democráticas, pero la radicalidad ultraconservadora las respeta y juega dentro de las normativas constitucionales. Dentro de ese marco, presentan un proyecto claro y categórico de enfrentamiento contra la Izquierda en general y contra el Partido Comunista en particular. No contemporiza con el oficialismo, no participa en reuniones consensuales y vota negativamente contra casi todos los proyectos del gobierno. Para los republicanos, la derecha tradicional es pusilánime y entreguista y su pecado capital fue avalar un nuevo proceso constituyente, lo que según ellos constituye una traición a los votantes del rechazo.

Hoy no se puede descartar algo que hasta hace poco parecía imposible: ver como el Partido Republicano se convierte en el más votado de la Derecha, lo que traería enormes consecuencias negativas tanto para la Derecha moderada como para el gobierno de Gabriel Boric. En ese panorama, la gobernanza se haría muy difícil y los factores subyacentes de crisis que persisten en el cuadro político y económico, pudieran potenciarse.

Es por ello que ante la amenaza abiertamente obstruccionista y reaccionaria del Partido Republicano, la coalición opositora que agrupa la Derecha tradicional, es decir, Renovación Nacional, UDI y Evopoli, ha advertido públicamente el riesgo que para el país significa que se entronice una mayoría de consejeros militantes o afines a esa organización, porque toda la institucionalidad partidista que históricamente representa a la Derecha, está comprometida con el país en cuanto a lograr acuerdos de amplia base que representen las aspiraciones de la ciudadanía chilena.