Dando continuidad al intento de cronología comentada referida al periodo conocido como LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA, hemos de insistir que nuestra intención es traer elementos ilustrativos que permitan al lector conocer los rasgos de una coyuntura que demarca la vida de España. Tal como lo destacamos antes, en forma alguna pretenderíamos (ni podríamos) abocarnos al análisis histórico de un lapso si se quiere breve en el tiempo, pero cuya intensidad y profundidad perfila definitivamente los rasgos de la democracia en ese país. Estas notas son solo un esfuerzo informativo cuyo propósito es conectar el ritmo de los acontecimientos sucesivos y así poder captar la realidad actual dentro de una visualización de conjunto.

 

 
Analistas e historiadores consideran que el lapso en cuestión solo va desde la muerte de Francisco Franco en 1975 hasta la promulgación de la nueva Constitución en 197. Otros alargan la caracterización del mismo hasta 1982, oportunidad en la cual ocurre un hecho electoral único en la historia política de España como es la asunción al poder del Partido Socialista Obrero Español, (PSOE)logrando una mayoría absoluta sin parangón aún a la fecha de hoy. Ese tsunami político marca un punto de inflexión en el cual se quiebra el modelo que dibujaba el Centrismo y se entroniza la Polarización como signo distintivo de la política española.

LA CONSTITUCIÓN

Después de las elecciones de 1977 se reúne por primera vez la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas y de allí emergen los ponentes encargados de elaborar el primer anteproyecto constitucional. El reparto, por decirlo así, fue tres por UCD, dos por el PSOE, uno por AP y uno por el PCE. Como quedaban fueran los nacionalistas vascos y catalanes, el PSOE cedió uno de sus dos asientos a Miquel Roca, del Pacte Democrátic. Gabriel Cisneros (UCD), Miguel Herrero (UCD), José Pedro Pérez-Llorca (UCD), Gregorio Peces-Barba (PSOE), Jordi Solé (PCE), Manuel Fraga (AP) y Miquel Roca (Pacte Democrátic per Catalunya),comienzan a trabajar el 22 de mayo de 1977, y ya desde el principio aparecen discrepancias significativas debido a las diferentes posturas políticas con respecto a los temas: forma de Estado, modelo territorial, confesionalidad o no del Estado, modelo educativo, divorcio. La ruta fue ardua y por supuesto llena de contingencias de variado tono. Por ejemplo, el tópico “nacionalidades”, originó una recia polémica entre Manuel Fraga que quería erradicarlo del articulado y Gregotio Peces-Barba, que defendía el uso del término. Al final, privó una redacción con carga unitaria y nacionalista: “Indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Según algunos, la expresión denotaba la realidad de una nación compleja, pero a la vez hacía ambigua la comprensión precisa de la idea.

Señalaba la AGENCIA EFE: “El 31 de octubre el Congreso de los Diputados y el Senado aprueban abrumadoramente el texto constitucional. El 6 de diciembre es el pueblo español quien lo refrenda con su voto mayoritario, incluso con un 93,58% de síes en Catalunya y un 91,47% de sí es en el Euskadi, donde la abstención fue del 54,48%, mucho más acusada en Guipúzcoa y Vizcaya que en Álava. La media de participación en el conjunto de España alcanzó el 67,11%, pero en la provincia de Barcelona fue ligeramente superior y llegó al 67,6%. En Girona alcanzó el 72,3%, en Tarragona se sitúo en el 67% y en la provincia de Lérida el índice de participación fue del 66,5%.”

 
El Rey sanciona la Constitución el 27 de diciembre de 1978 y esta se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dos días después. Como resultante para la emocionalidad patriótica,el 29 de diciembre de 1978 se puede considerar el día de su nacimiento., pues desde entonces está en vigor la Carta Magna.

En sus 40 años de vida, la Constitución Española sólo ha sido reformada en dos ocasiones. La primera, en 1992, para permitir el sufragio pasivo de los extranjeros en las elecciones municipales. La segunda, en 2011, cuando Zapatero y Rajoy pactaron introducir el techo máximo de déficit estructural para el Estado y las Comunidades Autónomas.

LOS PACTOS DE LA MONCLOA

Pero paralelamente al acomodo institucional, la situación era grave. “En España el coste de la vida (la inflación) se había elevado en un 19% en 1976 y amenazaba con llegar a un 30% en 1977. El número de parados alcanzaba el 5%, una cifra alarmante entonces (recordemos que en esos años, tras el régimen de Franco, los datos económicos estaban ocultos bajo muchos parámetros del Estado). El déficit exterior había pasado de 3.500 millones de dólares en 1975, a 4.200 en 1976 y llegaría a 5.000 ese año. La economía no podía seguir así, pero no había soluciones fáciles ni cabía la demagogia ante asuntos complejos…” (PUIG SOTOMAYOR, Bernardo. ´Las crisis de la Transición´ 1991). Había que dominar la inflación y por lo tanto todos debían unirse para sacar a España de aquella coyuntura. Nacen entonces Los Pactos de la Moncloa, nombre de los acuerdos que fueron firmados en el Palacio de la Moncloa durante la transición española el 25 y el 27 de octubre de 1977 entre el Gobierno de España de la legislatura constituyente, presidido por Adolfo Suárez (UCD), los principales partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y con el apoyo de las asociaciones empresariales y los sindicatos; todo con el objetivo de procurar la estabilización del proceso de transición al sistema democrático. Dichos acuerdos fueron ratificados posteriormente en el Congreso y más tarde en el Senado.

CRISIS POlÍTICA

La matanza de cinco abogados laboralistas militantes del Partido Comunista de España (PCE), por parte de un grupo terrorista de ultraderecha llamado Fuerza Nueva, fue el símbolo de la agitación política durante la Transición. Ese bestial crimen fue ejecutado el 24 de enero de 1977 y puede señalarse como factor clave en el desarrollo de los meses posteriores. La gran manifestación organizada por los comunistas el día 26,sin duda impactó al Presidente Adolfo Suárez al hacerle ver la enorme capacidad movilizadora de la izquierda. Ya el 8 de febrero de 1977 se modificaba la Ley de Asociaciones Políticas de 1976 con el fin de flexibilizar la inscripción de los partidos políticos y poco a poco los principales partidos de la izquierda se fueron legalizando, como es el caso del PSOE a finales de febrero. La cuestión comunista resultó mucho más complicada, pues una parte del ejército estaba en contra de la legalización del PCE.

La tensión tras los atentados de Atocha siguió creciendo. Entre enero y julio de 1977 la conflictividad social creció y las huelgas se multiplicaron como consecuencia de la crisis económica. Trabajadores de muchos sectores comenzaron a movilizarse en reivindicación de mejores salarios y unas condiciones de vida dignas. Las protestas rebasaron incluso al tradicional movimiento obrero, ya que movilizaron a sectores como el de la hostelería, los agricultores y el campo, la educación y la sanidad, llegando también al sector de las profesiones liberales, también conocidos como “trabajadores de cuello blanco”. Además, las protestas y sus motivos fueron tomando un cariz más político. Incorporaron temas como la amnistía de los detenidos por motivos políticos.

Todo esto, sumado al contexto de violencia terrorista, conllevó un aumento de la inestabilidad política del país y al malestar dentro del ejército. Éste veía con malos ojos la legalización de los comunistas. No obstante, la mediación del Rey Juan Carlos posibilitó que el ejército permaneciera sumiso al Gobierno. En aquellos momentos se temía un golpe de Estado militar y la regresión a una dictadura, yel propio Consejo Superior del Ejército emitió un comunicado donde repudiaba la legalización, pero por disciplina acataba “el hecho consumado en consideración a intereses nacionales de orden superior.”

Una intensa agitación se hizo presente durante los meses siguientes y la presión de los distintos movimientos sociales obligó a Suárez a promulgar el decreto de libertad sindical y el fin de la sindicación obligatoria. Esto supuso un auge de las asociaciones sindicales afines al antifranquismo y repercutió especialmente en el campo, donde surgieron numerosos sindicatos y organizaciones profesionales agrarias (OPAS), Estas, no obstante, defendían especialmente los intereses de los agricultores propietarios.

En resumidas cuentas, la mayor libertad sindical trajo como consecuencia una mejor organización del campo

Pero los problemas políticos ya con signo destructivamente violento y con pulsión de sangre, provinieron del nacionalismo radical configurado por la ETA. La organización terrorista cometió su primer asesinato en Navarra en plena Transición: en noviembre de 1977 dos terroristas asesinaron a tiros al jefe de la Policía Armada, Joaquín Imaz. Tras él, dieciocho personas fueron asesinadas en este período en esa región. La violencia terrorista, hasta entonces presente con atentados de escasa entidad, irrumpió de forma plena cuando se estaban asentando los pilares de un nuevo sistema político en España. La reacción de la sociedad osciló entre enfrentamientos callejeros de grupos radicales y manifestaciones que, aunque puntuales, llegaron a ser multitudinarias.

 
Es irrebatible que otras organizaciones terroristas vinculadas al extremismo de izquierda, cometieron actos criminales, y ese fue el caso de la GRAPO. Asimismo vemos como el terrorismo de extrema derecha también cobró algunas víctimas. También se produjeron muertes en manifestaciones y protestas como producto de los excesos policiales y ello se explica como consecuencia de las estructuras del franquismo que aún estaban enquistadas en las policías y en los cuerpos de seguridad. Pero el grueso de los fallecidos por vía violenta fue responsabilidad de la ETA y así vemos que informes de organizaciones insospechables de simpatías derechistas, producen cifras harto elocuentes: “Sin embargo, de largo, el grueso de los asesinatos de motivación política fueron cometidos por ETA. Lejos de detener el terrorismo, la aprobación de la Ley de Amnistía señaló el comienzo de su vertiginoso ascenso: 17 víctimas mortales en 1976, 11 en 1977, 66 en 1978, 80 en 1979, 96 en 1980, 32 en 1981 y 38 en 1982. La mayoría de ellas fueron policías y guardias civiles, que eran considerados los principales objetivos…” (FERNÁNDEZ, Gaizka, OIET, 2015)

El último período de la transición se inicia con las segundas elecciones generales en marzo de 1979. En ellas, tanto la UCD como el PSOE mantuvieron sus números, pero en el corto periodo de un mes se repitió otro acto electoral, esta vez a nivel de los municipios, y allí una alianza entre socialistas y comunistas pasó a gobernar las principales ciudades españolas. Por último, las elecciones autonómicas celebradas en Cataluña y en el País Vasco en 1980 arrojaron un triunfo espectacular de los partidos nacionalistas.

Se percibe mucho más que el cansancio de desgaste en el análisis de esas coyunturas comiciales. Ya son crujidos de dispersión los que prevalecen en la cúpula de la estructura política centrista creada para responder a las expectativas de moderación que esperaba la sociedad española luego de la dictadura franquista. Las fuerzas centrifugas de todas las tendencias que en su momento se habían aglutinando en la Unión del Centro Democrático (UCD), fueron desarrollando sus vías expansivas y Adolfo Suárez pasó a ser una figura solitaria y patética. Devino su renuncia en medio de la asonada encabezada por Antonio Tejero, ésta con complicidades que incluso llegaban a estructuras cercanas a la Casa Real, y luego, como rúbrica, el alud electoral de 1982.

La democracia española dejaba atrás el interregno del sueño centrista y se enrumbaba en la azarosa ruta del cambio de poder político.