En particular y cuyo corolario significó el desplome del modelo de dominio colonial impuesto durante siglos por España a los americanos.

Con este acontecimiento se inició una época de revolución independentista continental que produjo la derrota de un imperio que pretendió fijar sus límites territoriales planetarios entre el naciente y el poniente del sol. A los sucesos del 19 de abril de 1810, siguió otro momento de particular significación histórica nacional: la declaración de la independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811.

 
Ambos hechos ocurrieron en torno a un conjunto de situaciones propias de aquella sociedad constituida sobre la base de las más profundas desigualdades económico –sociales y políticas y no se pueden comprender sin reconocerles sus insalvables conexiones. En consecuencia, su implicación de mayor trascendencia fue la decisión de organizar el más inédito ensayo republicano que registra la historia nacional y el cual estuvo orientado por hombres formados en el pensamiento del liberalismo europeo de entonces y casi todos provenientes de la oligarquía territorial, clérigos y algunos militares y letrados. Inicialmente se agruparon en un organismo que denominaron la Junta Suprema de Caracas, constituida como gobierno de las provincias de la Capitanía General de Venezuela a partir del primero de esos eventos y luego como Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII (Monarca depuesto por la invasión de los franceses a España desde 1808). Acerca de este episodio, el académico Guillermo Morón (1961) anota: “ El 11 de Junio de 1810, dos meses escasos después de constituirse en gobierno, la Junta Suprema convocó a elecciones en todos los pueblos sometidos a su régimen…”.

 
Con el anterior propósito fueron electos un total de cuarenta y dos diputados, en representación de siete provincias (Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Mérida, Trujillo y Barcelona) con excepción de las ciudades de Coro y Maracaibo, cuyos ayuntamientos dieron apoyo a las autoridades españolas de esas localidades. Estos representantes se reunieron en la ciudad capital Caracas a partir del 2 de marzo de 1811, en lo que podemos denominar con propiedad nuestra primera constituyente, la cual, según lo refiere el historiador Arturo Cardozo (1979), “...estaba representado por las más altas clases de la sociedad colonial (...) La provincia de Caracas logró una representación desproporcionada con respecto a las demás: mientras Trujillo llevaba un diputado y Mérida dos, Caracas sobrepasó el 50 por ciento de la totalidad de los congresistas”.

 
La confrontación entre la oligarquía territorial del interior con la de Caracas, no tardó en aparecer al iniciarse el debate parlamentario. En relación a este último elemento, el diputado Unda, representante de Guanare, en la sesión del 12 de julio de 1811, reclamaba: “Guanare conoce que puede influir Caracas en su prosperidad territorial; sus caudales y los productos de sus cultivos forman una parte considerable de las rentas públicas que traídas a Caracas imposibilitan a los habitantes de Guanare de traer ningún establecimiento beneficioso, industrial ni de educación, llegando su miseria hasta carecer de escuelas de primeras letras, un distrito que cuenta 25.000 almas de población...”. (Actas del Congreso del 5 de Julio de 1811) En idéntico sentido, el diputado de Mérida, Antonio Nicolás Briceño, en su intervención del día 2 de julio de 1811, sentenciaba: “...y yo sospecho que si Cumaná no reconoce el poder ejecutivo, es porque está el Congreso en Caracas, y no quiere convenir que la opinión pública de Caracas sea la general de Venezuela”. Y, por su parte, Juan José Maya, representante de la Grita decía: “Resulta que el congreso es un pupilo de Caracas, puesto que ella debe dirigirlo, ella solo piensa, ella solo tiene opinión pública y nadie como ella tiene luces y conocimientos.

 
Salgamos pues, de este pupilaje que tardará poco en oprimirnos”. (Actas del Congreso del 5 de Julio de 1811) Para refutar a Briceño intervino Francisco de Miranda, quien había sido electo por el Pao (Provincia de Barcelona), y en una candente exposición, que más bien avivó el debate, cuestionó: “No puedo permitir que se diga en esta asamblea que es imposible que puedan cuarenta hombres abusar de la autoridad (…) Hasta los niños que han leído la historia, saben que mil doscientos hombres escogidos en Francia, como lo hemos sido nosotros, se arrogaron todos los poderes, se volvieron unos malvados, e inundaron de sangre, de luto y desolación a su patria (...) Nuestros argumentos deben apoyarse sobre hechos verdaderos: hemos dividido los poderes, porque lo hemos creído necesario; debemos ser muy cautos en sostener esta división […] Los cuerpos colegiados pueden ser tiranos, cuando no hay una exacta división de poderes”. (Actas del Congreso del 5 de Julio de 1811) No obstante, a pesar de todos estos inevitables enfrentamientos entre esos sectores sociales, cuya mayoría era expresión de aquél poder económico que lideraba el movimiento separatista, indudablemente los acercaba y unía un definitivo y común objetivo de alcanzar la independencia política.

 
Por ello, más allá de todas esas divergencias y debates, finalmente se concretó la conciliación de intereses y opiniones entre quienes estuvieron dispuestos a construir un modelo de sociedad que fuese fundada en la igualdad entre iguales (la oligarquía territorial-esclavista, el clero de mayor jerarquía, los grupos educados y el sector castrense de alta graduación), y no entre todos, o como lo dijera Caracciolo Parra Pérez (1954): “…querían la democracia, pero entre ellos y para ellos…”, sin esclavizados, ni peones, ni pardos ni cualquier otra clase explotada y pobre participando del poder en el nuevo Estado.

 
En ese escenario no estuvieron presentes o representadas esas poblaciones laboriosas y humildes y ni siquiera documentalmente se puede demostrar que éstas hubiesen acogido con entusiasmo aquellos trascendentales acontecimientos que, sin dudas, se habían convertido en unos hechos singulares llamados a permanecer por siempre en la memoria de los venezolanos.

 
Confirma esta aseveración, entre muchos otros documentos, un oficio citado por Francisco Rodríguez del Toro (Marqués del Toro) y atribuido a un ex Intendente de Ejército y Real Hacienda, en cuyo contenido el funcionario hace relación de lo que personalmente había apreciado sobre el comportamiento asumido por los habitantes de la ciudad Caracas, un día después del 19 de abril de 1810: “No encontré de mi casa al cuartel que es bien distante, sino gente de ambos sexos rezando a las puertas de las iglesias que estaban cerradas y nadie me dijo una palabra descompuesta, por lo que juzgo que la revolución es obra de la nobleza” En cuanto a las sesiones propias del Congreso, el historiador Manuel Pérez Vila (1985) escribe que en la mañana del día 5 de julio “... continúa el debate…y a primera hora de la tarde se procede a la votación; hecho el recuento, el presidente, Juan Antonio Rodríguez Domínguez, diputado por Nutrias, anuncia solemnemente, a las tres de la tarde, que queda proclamada la independencia absoluta de Venezuela.” La redacción del Acta se encomendó al diputado por Calabozo, Juan Germán Roscío, quien procedió a elaborarla junto con el Secretario Francisco Isnardi.

 
Fue presentada y aprobada en sesión del 7 de julio y apareció en gaceta el día 16 del mismo mes y año: “Su párrafo primero establecía los derechos soberanos de Venezuela y destacaba la relación causa-efecto que existía entre esos dos momentos de la revolución venezolana que son el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811.” No obstante, el movimiento emancipador que se iniciaba estaba carente de amplios propósitos, mensajes y contenidos democráticos y populares, era excluyente de las reinvidicaciones más sentidas del grueso de la población venezolana social y económicamente más indigente y sólo perseguía imponer, en beneficio de la nobleza u oligarquía territorial y de los grandes comerciantes, su proyecto político por la vía de la emancipación, sin afectar las viejas estructuras de desigualdad existentes.

 
Esta ausencia de discurso y objetivo transformador del orden que oprimía a los más pobres, provocó que éstos últimos se volcaran contra los autores de aquel intento y contra sus propósitos, históricamente justo y progresista, y condenara al fracaso la instauración y permanencia de la primera y la segunda república. Personajes como Francisco Rodríguez del Toro, Juan Nepomuceno Rivas y el Conde de Tovar, al enjuiciar la participación popular en el movimiento del 5 de julio de 1811 coincidían en opinar: “...el pueblo es adverso a la Junta, los pardos las resisten creyendo perder su libertad; el vecindario la repugna... la ciudad se halla en el caos de una guerra intestina, y se ha dividido el pueblo en partidos destructores.”

 
Pero como todo proceso de cambios históricos y transformaciones sociales y políticas profundas en el transcurso de su desarrollo va enriqueciendo sus experiencias y corrigiendo sus limitaciones, la dinámica de la lucha independentista nacional mostró a sus líderes que la victoria sería imposible si en el programa de ese esfuerzo no se incorporaban las más sentidas reivindicaciones de esa gran masa de población venezolana empobrecida y miserable convertida en esclavos, peones de haciendas, trabajadores e indios despojados de todo derecho y sometidos a la más despiadada explotación de su fuerza de trabajo precisamente por quienes propiciaban la ruptura del nexo colonial y eran descendientes de los primeros invasores y colonizadores españoles que realizaron la empresa mercantilista de expansión europea hacia América.

 
Esta es la razón por la que el profesor Allan Dovale Prado (1990) interprete que: “... los fracasos del primero y segundo ensayo republicano eran irrefutables ejemplos de la falta de contenido y de apoyo popular en el proyecto independentista hasta entonces. No entender esta verdad, en aquel momento, era colocarse de espaldas a la historia y retrasar el proceso de liberación nacional. Es aquí donde la lucha adquiere su verdadero carácter revolucionario y popular y se adoptan medidas que radicalizan los objetivos de la guerra, se concede la libertad a los esclavos, en Carúpano, el 2 de junio de 1816, se ofrecen en propiedad las tierras a los soldados campesinos del ejército patriota, se da por decreto a repartir los bienes nacionales entre los defensores de la patria, se ascendió a los soldados en el escalafón castrense y se plantea la aprobación de una ley que prohibiera definitivamente la esclavitud”. 

Sin embargo, la realidad posterior a la guerra de independencia demostró lo ficticio y fraudulento que fueron sus resultados para la mayoría de la población venezolana. De aquí que Héctor Malavé Mata (1980) se refiera a este período diciendo que “…alterada aquella realidad de esencia persistente, se fueron alojando en el vacío otras formas con el contenido clasista del viejo ordenamiento suprimido... así la novedad social de la república resultaba ficticia... Más que nuevo régimen. Más que formación de cualidades nuevas, el orden recién instaurado, fue máscara del sistema abolido”.

 
Por ello, nuevas corrientes historiográficas venezolanas sostienen que la Venezuela posterior a la lucha por la independencia no logró superar y corregir las grandes fracturas sociales y económicas que originaron los repetidos fracasos de los ensayos republicanos iniciadores de nuestro proceso emancipador. De manera que terminado el conflicto bélico las desigualdades entre los venezolanos se mantuvieron y profundizaron traumáticamente y provocaron, con inusitada violencia, las disensiones y guerras civiles que presenció nuestro país a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX.