Primero llegaron las camionetas, que llevaban hombres armados hacia la cima de la montaña cubierta de niebla. Después aparecieron las llamas, que arrasaron con un bosque de pinos y robles imponentes.

Después de que el fuego acabara con el bosque el año pasado, las camionetas regresaron. Esta vez, cargaban con plantas de aguacate que echan raíces en los huertos esparcidos por la cumbre, una vez cubierta de árboles, donde los lugareños solían buscar hongos.

“Jamás habíamos sido testigos de un incendio tan letal como ese, nunca”, dijo Maricela Baca Yépez, de 46 años, funcionaria municipal que ha residido desde siempre en Patuán, una localidad ubicada en las mesetas volcánicas donde el pueblo purépecha de México ha vivido durante siglos.

En el occidente de México, los bosques están siendo arrasados a un ritmo vertiginoso, y mientras que la deforestación en lugares como la selva amazónica o Borneo es impulsada por la ganadería, la minería de oro y los cultivos de aceite de palma, en este lugar es impulsada por el apetito voraz de Estados Unidos por los aguacates.

Distintos intereses intervienen en la tala de bosques para darle espacio a los plantíos de aguacates, entre ellos los de grupos delictivos, terratenientes, autoridades locales y líderes comunitarios; en ocasiones los terrenos privados son incautados de manera ilegal. Es posible que prácticamente toda la deforestación que se ha hecho para el cultivo de aguacates en las últimas dos décadas haya sido en violación de la ley mexicana, que prohíbe el “cambio de uso de suelo” sin autorización gubernamental.

Desde que Estados Unidos comenzó a importar aguacates de México hace menos de 40 años, el consumo se ha disparado, impulsado por campañas de mercadotecnia que promocionan el fruto como un alimento saludable para el corazón y la demanda durante todo el año de platos como tostadas de aguacate y rollos California. Los estadounidenses comen tres veces más aguacates que hace dos décadas.

Al sur de la frontera, satisfacer esa demanda ha tenido un alto costo, dicen activistas ambientales y de derechos humanos: la pérdida de bosques, el agotamiento de los acuíferos para proporcionar agua a los árboles de aguacate, que necesitan mucha agua, y un aumento de la violencia impulsada por bandas criminales que quieren incursionar a la fuerza en el negocio rentable.

Y si bien Estados Unidos y México firmaron un acuerdo de las Naciones Unidas en 2021 para “detener y revertir” la deforestación para 2030, el comercio anual de aguacate de 2700 millones de dólares entre los dos países arroja dudas sobre esos compromisos climáticos.

Los funcionarios ambientales mexicanos han pedido a Estados Unidos que impida que los aguacates cultivados en tierras deforestadas ingresen al mercado estadounidense, pero los funcionarios estadounidenses no han tomado ninguna medida, según documentos obtenidos por Climate Rights International, una organización sin fines de lucro centrada en cómo las violaciones de los derechos humanos contribuyen al cambio climático.

En un nuevo informe, el grupo identificó decenas de ejemplos de cómo los cultivos en tierras deforestadas suministran aguacates a los distribuidores de alimentos estadounidenses, que a su vez los venden a las principales cadenas de supermercados del país.

En el oeste de México, entrevistas realizadas por el Times con agricultores, autoridades y líderes indígenas mostraron cómo la población local que lucha contra la deforestación y el robo de agua se ha convertido en blanco de intimidación, secuestros y tiroteos.

Al igual que la deforestación en otros lugares, arrasar los bosques de pino-roble y oyamel de México reduce el almacenamiento de carbono y libera gases que provocan el calentamiento climático. Pero la tala rasa para los aguacates, que requieren grandes cantidades de agua, ha provocado otra crisis al drenar acuíferos que son vitales para muchos agricultores.

Un árbol de aguacate maduro utiliza tanta agua como 14 pinos maduros, dijo Jeff Miller, autor de una historia global del aguacate.

“Se están plantando bosques caducifolios de un árbol muy hambriento de agua y arrancando bosques de coníferas de árboles no tan hambrientos de agua”, dijo Miller. “Simplemente, es estropear el medioambiente”.

En partes de México que ya están al borde de las guerras territoriales entre los cárteles de la droga, la pérdida de bosques está generando nuevos conflictos y ocasionando preocupaciones de que las autoridades mexicanas estén permitiendo en gran medida que los madereros ilegales y los productores de aguacate actúen con impunidad.

Tan pronto como aparecen huertos de aguacates en zonas deforestadas, aparecen pozos ilegales alrededor. Luego, el agua se transporta a los huertos a través de un sistema laberíntico de tuberías de plástico, que a menudo roban el suministro de agua de los agricultores con cultivos tradicionales como tomates o maíz.

Los aguacates se han consumido durante miles de años en la región, cuyas laderas templadas de suelo volcánico poroso ofrecen condiciones óptimas para su crecimiento. Pero la producción del fruto a escala industrial para su exportación se remonta a la década de 1990, cuando México presionó a Estados Unidos para que pusiera fin a su prohibición de importar aguacate, después de abrir su propio mercado al maíz estadounidense.

México ahora representa casi el 90 por ciento de todos los envíos de aguacate a Estados Unidos. En Michoacán, la industria del aguacate da empleo a más de 300.000 trabajadores en un estado de 4,8 millones de habitantes, según cifras del gobierno.

La poderosa asociación que representa a la industria del aguacate mexicano reconoció que la deforestación era un problema, pero dijo que se estaba atendiendo, incluida la capacitación y el equipamiento de brigadas contra incendios forestales para que sirvan como sistemas de alerta temprana cuando se inician incendios.

“Nadie quiere que se acabe esta generación económica que es el aguacate michoacano”, dijo Armando López Orduña, director de la asociación.

Pero en la práctica, algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dicen que la corrupción local conduce a una pérdida importante de bosques. El mes pasado, un funcionario de la fiscalía de delitos ambientales del estado de Michoacán se reunió con dos reporteros del Times.

El funcionario, que solicitó el anonimato por temor a represalias, dijo que los supervisores habían advertido a la unidad ambiental que no investigara huertos de aguacate de más de 5 hectáreas, incluso si se presentaba una denuncia. A cambio, dijo el funcionario, los propietarios debían pagar sobornos a los supervisores de las unidades, con montos basados en el tamaño del cultivo.

José Jesús Reyes Mozqueda, el fiscal ambiental del estado, no respondió directamente a las acusaciones de soborno, pero dijo que la oficina ha llevado a cabo numerosas investigaciones sobre denuncias de deforestación ilegal relacionada con el aguacate.

En Michoacán, más de 10.000 hectáreas de huertos de aguacate autorizados para su exportación a Estados Unidos se encuentran en tierras que estaban cubiertas de bosques en 2014, según geógrafos ambientales de la Universidad de Texas en Austin.

(El Departamento de Agricultura de EE. UU. debe inspeccionar un huerto para que una empacadora procese sus aguacates para exportación, aunque las inspecciones se centran en el control de plagas, no en el estatus legal de la tierra).

En 2021, funcionarios ambientales mexicanos enviaron una carta al director regional del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para México proponiendo modificar un acuerdo que rige la exportación de aguacates mexicanos para garantizar que no provengan de tierras deforestadas ilegalmente.

Pero nada sucedió. “Fue ignorada”, dijo Daniel Wilkinson, asesor principal de Climate Rights International.

Un portavoz del Departamento de Agricultura dijo en un comunicado que “la falta de respuesta a esta carta es un descuido ministerial y no un indicio de intención política”.

Las autoridades estadounidenses, no obstante, sí hicieron un cambio al acuerdo al autorizar a Jalisco —el segundo estado productor de aguacate de México— a comenzar a exportar el fruto en 2022.

Con poca ayuda externa, los activistas locales contra la deforestación dicen que a menudo se encuentran librando una campaña solitaria y peligrosa.
Un activista del pueblo de Villa Madero en Michoacán, que pidió no ser identificado por motivos de seguridad, describió que en 2021 fue secuestrado y golpeado por los secuestradores y luego fue liberado.

Líderes purépechas del pueblo de Zirahuén, otro pueblo en Michoacán, contaron cómo en 2019 hombres armados de un grupo criminal local irrumpieron en sus casas y los secuestraron después de que los líderes se opusieran a la división de parcelas de tierras comunitarias para poner cultivos de aguacate.

“Los aguacates que comen en Estados Unidos están bañados de sangre”, dijo una de las víctimas del secuestro, un hombre purépecha que dijo que tuvo un arma apuntando a su cabeza y pidió no ser identificado por temor a su seguridad.

En otro episodio ocurrido cerca de la localidad michoacana de Zacapu, un hombre que dijo haber sido amenazado, Donaciano Arévalo, tomó la iniciativa inusual de insistir en ser identificado.

Después de comprar unas 20 hectáreas de tierra, Arévalo dijo que descubrió que hombres con motosierras estaban talando árboles para cultivar aguacates en su parcela, que había sido vendida sin su conocimiento.

Al no poder desalojar a los invasores, presentó una denuncia en 2020 ante la fiscalía local en la que describió que había sido amenazado por hombres armados.

Arévalo, de 60 años, recordó cómo se le aceleraba el corazón. “Porque dije: ‘Me van a matar’”, afirmó, “‘o me van a desaparecer o me van a entregar con los mañosos’”.

Aun así, a pesar de los asesinatos de dos líderes de una asociación local de propietarios, Arévalo siguió adelante con su caso para tratar de recuperar su tierra. “Yo no lo he dejado porque es la única cosa que yo les iba a dejar a mis hijos”, dijo.

En Patuán, donde el año pasado se quemó el bosque, los habitantes intentaron movilizarse contra la deforestación y pusieron un puesto de control las 24 horas en la entrada de la localidad para evitar los camiones con plantas de aguacate.

Pero encontrar personas para el puesto de control llevó mucho tiempo y la gente del pueblo abandonó el esfuerzo después de tres meses.

Los camiones, las plantas de aguacate y las ofertas de sobornos comenzaron a llegar.

“Llegan conmigo”, dijo José León Aguilar, un administrador municipal que cultiva aguacates. “‘Sabe qué, señor comisario, le ofrezco 40.000, 50.000 pesos. Déjenos trabajar’”.

“Todo esto que está pasando es culpa de nosotros, porque nosotros somos cómplices de la gente esa”, continuó Aguilar. Al mismo tiempo, parecía negar que hubiera hecho algo ilegal. “Yo nunca me presté a cosas malas”, dijo.

Aunque el comercio del aguacate esté manchado por abusos ambientales, violencia y corrupción, es probable que continúe en auge. Un estudio del año pasado calculó que la cantidad de tierra en Michoacán utilizada para cultivos de aguacate podría aumentar en más de un 80 por ciento para 2050.

“Estamos conscientes que no podemos colapsar la economía del estado”, dijo Alejandro Méndez, secretario de Medio Ambiente de Michoacán. “Pero también estamos conscientes que si no frenamos esto nos vamos a quedar sin nada”.