Un reciente informe de Energy News, titulado “Elecciones venezolanas: impacto en las sanciones petroleras”, revela que, pese al potencial electoral de la oposición venezolana, Washington no tiene intenciones de levantar las sanciones petroleras y prefiere mantener un enfoque basado en licencias específicas para cada empresa.

A primera vista, pudiera tratarse de un asunto meramente coyuntural, pero en realidad, lejos de ser temporales, parecen estar diseñadas para establecer una tutela económica a largo plazo sobre el país, más allá de los resultados que puedan arrojar las próximas elecciones y de quién ocupe el poder en Miraflores.

En otras palabras, las sanciones petroleras están siendo concebidas como una herramienta de control de las actividades económicas y políticas que trasciende gobiernos y ciclos electorales. Washington ha encontrado en las licencias una manera de mantener un control estratégico sobre las palancas de la economía venezolana.

 
Los alivios recientemente otorgados reflejan una política a largo plazo. Sanciones y licencias se utilizan como un medio permanente de supervisión y gobernanza, que en el futuro se aplicaría con intensidad y visibilidad variable, pero sin desistir de su uso.

 
Desde la administración de Donald Trump hasta la de Joe Biden, la política de sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela ha mantenido continuidad. Aunque las tácticas pueden haber variado, el objetivo estratégico sigue siendo el mismo: mantener una presión económica sostenida para forzar un realineamiento geopolítico del país. En función de esto, Washington ha optado por un enfoque basado en licencias específicas para regular las operaciones petroleras en Venezuela. Este mecanismo le permite ejercer una fiscalización constante sobre la producción y exportación de crudo, principal fuente de ingresos del país.

BENEFICIOS ESPECÍFICOS

Las licencias han permitido a la administración Biden no solo a moderar los precios de la gasolina en Estados Unidos, sino también impedir que Venezuela pueda beneficiarse plenamente de sus recursos. Al mismo tiempo, han evitado que la Casa Blanca parezca demasiado conciliadora con Venezuela

 
Además, las licencias específicas permiten a Estados Unidos gestionar el destino de las exportaciones de petróleo venezolano. Por ejemplo, se ha favorecido la exportación de crudo a Estados Unidos en lugar de a China, lo que beneficia al mercado interno estadounidense.

Los “alivios” de sanciones por medio de licencias actúan como medidas paliativas que pueden reducir temporalmente la intensidad del conflicto y mejoran las condiciones de vida de la población. Sin embargo, cuando esos alivios están diseñados como promesas condicionadas para ejercer presión y chantajear de manera permanente, se convierten en una herramienta política que prolonga el conflicto en lugar de resolverlo.

Utilizados como herramienta de presión, los alivios pueden generar frustración y socavar la posibilidad de un acuerdo duradero, que puede perpetuar a un ciclo de represalias y contramedidas que dificulta cualquier intento genuino de encontrar una solución negociada. Además, los alivios temporales y condicionados obstaculizan la recuperación económica, generan inestabilidad financiera, se convierten en una forma de tutela permanente y debilitan la soberanía del país.

TUTELA PERMANENTE

Las licencias emitidas hasta ahora actúan como un mecanismo de control a largo plazo. Permiten a Estados Unidos decidir sobre la producción petrolera venezolana y, por lo tanto, su influencia en el mercado global de hidrocarburos. Estas licencias vienen acompañadas de condiciones y restricciones que limitan las actividades de las empresas y su impacto en la economía venezolana.

La reciente emisión de la licencia temporal GL 44A, que permite transacciones específicas en el sector de petróleo y gas venezolano, ejemplifica cómo estas medidas están concebidas para ejercer una tutela económica sobre Venezuela. Estados Unidos puede ajustar el grado de restricciones o alivio según sus intereses. El propósito es que sea la OFAC la que decida, en lugar del Estado venezolano, qué empresas pueden operar en Venezuela y cuál es el ritmo de crecimiento de la producción.

Superar esa política orientada a tutelar a Venezuela por medio de licencias es un asunto de interés nacional, que debe unir a los venezolanos más allá del proceso electoral.