Leopoldo Puchi

El pasado jueves, el Consejo de Seguridad de la ONU abordó la situación en Venezuela durante una sesión solicitada por Ecuador, que consistió en la lectura de un informe de la Secretaría General y en un debate posterior. La excusa para convocar el debate fue el aumento de tensiones que, según Quito, podría derivar en una amenaza directa para la estabilidad regional y la seguridad internacional. Pocos días antes, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, también había manifestado su intención de tratar el tema venezolano en su discurso en la Asamblea General de la ONU.

Estas actuaciones no son iniciativas aisladas, sino que han estado precedidas por una serie de acciones que han incluido resoluciones de la OEA y presiones sobre bloques regionales como Caricom, El objetivo de Washington es que en la ONU se produzca una declaración que luego sirva para designar una misión de verificación electoral por encima de las instituciones venezolanas.

 

BUENA FE
Aunque la narrativa oficial de estas acciones se presenta envuelta en la defensa de la democracia y los derechos humanos, en realidad subyace un interés más calculado: el de ir llenado las casillas de un expediente para validar la idea de que en Venezuela hay una situación que requiere una intervención extranjera.

 
En un tablero donde las fichas no se mueven al azar, lo que a primera vista luce como una simple actuación diplomática de buena fe, es en realidad un esfuerzo cuidadosamente diseñado para justificar la continuación de las sanciones o incluso un desenlace violento.

 

ANTONY BLINKEN
Desde el momento mismo en que se cerraron las urnas el 28 de julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos comenzó a mover sus piezas para orquestar un consenso internacional sobre Venezuela. Apenas unos días después, el 7 de agosto, el secretario de Estado, Antony Blinken, se comunicó con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para decirle que se involucrara en la situación política venezolana y respaldara la particular posición que Washington venía promoviendo.

 
Uno de los resultados de estas gestiones fue la publicación del informe del Panel de Expertos Electorales de la ONU sobre las elecciones venezolanas, un documento que, en principio, debía permanecer confidencial. Este movimiento, lejos de ser un mero trámite administrativo, es una pieza más en el meticuloso protocolo diplomático que se está elaborando.

 

ASAMBLEA GENERAL
Es probable que Guterres haya recibido también una petición de Estados Unidos para que la Asamblea General emita un pronunciamiento sobre Venezuela. Elevar la cuestión venezolana al pleno de la ONU está dirigida a sentar las bases de una posible intervención. La historia nos enseña que cuando las grandes potencias movilizan la opinión internacional y acumulan “evidencias” en foros multilaterales, rara vez lo hacen sin un objetivo definido. En este caso, se busca crear un consenso que convierta las sanciones o una acción de fuerza en Venezuela, no solo en una opción legítima, sino en una obligación moral y política.

 
Paralelamente, esta estrategia sirve a otro propósito: desviar la atención de la Asamblea General de la crítica internacional hacia la actuación de Israel en Gaza, redirigiendo un foco hacia Venezuela.

PETRÓLEO
Más allá de las anunciadas sanciones individuales, el petróleo, eje de la economía venezolana, sigue siendo el asunto central. Washington aún no ha mostrado todas sus cartas en este terreno y está por verse cuál será su decisión definitiva. Entretanto, en la Asamblea General de la ONU podría orquestarse un intento de debilitar la soberanía venezolana con el pretexto de la “seguridad internacional”. Sin embargo, lo que realmente está en juego no es solo el destino de Venezuela, sino la propia institucionalidad de la ONU y el principio de no intervención, piedra angular de su Carta fundacional. La pregunta es: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Washington y, sobre todo, qué países lo acompañarán?