La gira internacional de Juan Guaidó ha revitalizado su imagen como principal líder opositor y presidente legítimo de la Asamblea Nacional. Ello explica que haya sido recibido en conversaciones, en muchos casos no oficiales, por gobernantes y personajes destacados de la política mundial; así como sus palabras en el Foro Económico Mundial de Davos. En todo caso ha habido un sesgo importante en la estrategia inicial de su proclamación el 23 de enero de 2019 por cuanto ahora el planteamiento que priva en las conversaciones es la necesidad de restituir el clima democrático en Venezuela mediante la convocatoria a elecciones “transparentes y confiables”, lo cual implica el abandono a la llamada “Operación Libertad” con sus tres componentes: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres; que luego de un año han resultado contrarios a la realidad nacional.

El excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski ha marcado distancia con el G4 (Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo) en relación a la línea estratégica para superar la crisis y sustituir el gobierno de Nicolás Maduro, incluso se conoce que un sector de Primero Justicia le acompaña en los que serían sus próximos pasos en la definición de una tendencia que llame a la participación electoral mediante acciones de calle. En la misma línea se inscriben las recientes declaraciones del exdirector de la Coordinadora Democrática y exgobernador de Miranda, Enrique Mendoza, quien ha criticado la política de enfrentamiento abierto al régimen aplicado por la MUD y ahora por el G4 y llama a ejercer el voto en próximos eventos electorales, incluso no existiendo para ello las condiciones de transparencia propias de los torneos democráticos convencionales. De esta manera podría decirse que se reconstruye en la práctica lo que significó la alianza opositora de los años 2001, 2002, 2003 y 2004 que condujo activamente las protestas que el 11 de abril llevaron a la salida de Chávez de la Presidencia, el paro petrolero y luego el paro nacional de 63 días (2002-2003) hasta el referéndum revocatorio de agosto de 2004.